INJUSTICIA SOCIAL DEL GOBIERNO

Por: Mario Luis Pennella

La injusticia social de la diatría que hoy gobierna en la Argentina, está representada por una cantidad de individuos acólitos a este gobierno, que más que ello es un representación, de neto corte sumiso, y que de hecho como dice el senador Morales, está cubierta por algunos senadores que politizan en una zona gris, con evidente interpretación de lo que hacen y votan.

Los principios altruístas de la política, han llegado a la decadente manera del trato indignante y nefasto con que tratan a los ex trabajadores, hoy jublados, proponiéndoles ajustes de increíbles dádivas, las cuales están por debajo de lo que indicaría un salario por encima del mínimo, indispensable para vivir, pero van mucho más allá, y le niegan sus derechos, emplazados en el art.14 de la Constitución de la Nación, como así también la resolución de la Suprema Corte de la Nación con los ajustes correspondientes, sancionadas y no puesta en vigencia, con total desparpajo, en que los jubilados tienen que solicitar de un letrado, para que este en un juicio al estado nacional, cumpla con deber inexorable que ingora, pero con alternativas en que a muchos, la muerte les alcanza antes de lograrlo, por cuanto estos juicios tardan 5 o más años para su fallo y cobro.

Esta sin razón, es la injusticia social única en un estado de derecho, y que debe pesar como un crimen de lesa humanidad, ya que un individuo, como el jubilado es una persona anciana, y de hecho la muerte le llega primero que la satisfacción del cobro de su digno salario, logrado luego de trabajar por 30 años o más aportando religiosamente, para el logro de su bienestar en su futuro.

Pero en la Argentina de hoy, año del Bicentenario, debemos ver una política corrupta, clientelística, soberbia, y mendaz, la cual obstaculiza el derecho en pos de subsidios nefastos y en detrimento de los jubilados.

No solo los discrimina y los lleva a la muerte, sino que todavía expone la negación de contribuir a terminar, con esta depredación de los fondos de aportes, que son únicos y exclusivos para solventar este derecho de los jubilados, subsidiando con ellos en la discrecionalidad, en que empresas poderosas y extranjeras llevan sus dineros como propios.

El resto de mi escrito, contiene una solución de una digna política, la cual espone la ralidad de lo que se debe hacer y cómo, a saber:



PorAlcira Argumedo. DIPUTADA NACIONAL, PROYECTO SUR
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Debate
Como un modo de reforzar las declaraciones del diputado Néstor Kirchner acerca de la irracionalidad e irresponsabilidad de la propuesta que otorgaría a los jubilados y pensionados el 82% móvil , los medios oficiales y sus más diversos voceros han tratado de fundamentar profusamente tal afirmación. Es significativo que, durante más de seis años, también esas voces planteaban que implementar una Asignación Universal por Hijo, como venían demandando la CTA y distintas fuerzas políticas, era imposible.
Ahora lo presentan como uno de sus grandes logros.
La posición que habla de carencia de fondos y peligro de quebrar el sistema es totalmente espuria: simplemente se trata de una decisión política acerca de a quién se beneficia con fondos que sí existen .
Si se restablecen los aportes patronales de las grandes corporaciones , a las cuales Domingo Cavallo otorgó el privilegio de reducirlas desde 1993, deben ingresar en ANSES unos $16.000 millones anuales: lo que se requiere para llevar al 75% de los pasivos -los que menos cobran- al 82% del salario mínimo, vital y móvil . La opción es simple: se sigue beneficiando a las corporaciones con el espíritu de Cavallo, regalándoles ese monto cada año o se les reconoce el derecho a quienes se encuentran en condiciones de dolorosa precariedad.
Es un escándalo que el Gobierno siga subsidiando bajo distintos mecanismos a las grandes corporaciones como Barrick Gold, Pan American Energy (British Petroleum y Bridas), Repsol, Ford, General Motors o Techint, entre otras. Los montos otorgados comprenden, en grandes líneas, $27.000 millones anuales en exenciones impositivas; $40.000 millones anuales en subsidios bajo diversos rubros y $5.000 millones en regímenes promocionales; en total $72.000 millones anuales: el doble de lo necesario para reacondicionar todo el sistema previsional.
Por otra parte, sin contar las ganancias extraordinarias de Cristóbal López por la extensión del juego , que no aporta los impuestos correspondientes. Además del superávit existente en ANSES, un impuesto mínimo a las transacciones financieras otorgaría otros 12.000 millones de pesos, monto que cubriría la recomposición de los ingresos del resto del sector, cuyos niveles se fueron achatando en las últimas décadas y ahora engruesan los juicios contra el Estado.
La Corte Suprema de Justicia ha dado la razón a los demandantes en los fallos Badaro y Sánchez; pero todo indica que se implementa una estrategia de patear hacia adelante los pagos , de modo tal que esos demandantes se vayan muriendo .
Una fuente adicional y legítima de ingresos del ANSES sería el blanqueo de los millones de trabajadores en negro , que siguen rondando el 40% de la población económicamente activa. En síntesis, la supuesta irracionalidad del reclamo es plantear al Gobierno que deje de utilizar a los jubilados y pensionados -y a los trabajadores precarios- como variable de ajuste de su política económica en favor de las grandes corporaciones, de los capitales financieros y de los empresarios amigos.
Es posible paliar el sufrimiento de compatriotas en sus últimos años de vida. No hacerlo es violentar derechos humanos.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de agosto de 2010. BICENTENARIO