UN REGALO DEL GOBIERNO

Por: Mario Luis Pennella

En el día de los jubilados el gobierno nos trae un regalo fantástico a los jubilados argentinos, a través del titular del ANSES, quien a través de la imprecibilidad, pretende extender el derecho de jurisprudencia, a los efectos de no pagarles nunca el retroactivo a quienes aportaron para depender de una jubilación con la justicia social de un salario digno, algo que parece estar lejos en la moral de este gobierno, el cual mira a los ex trabajadores, como viejos descartables, a quienes vemos morir en sus intentos de recuperar sus ingresos en deudas, en los retroactivos adeudados y mal gastados para otros menesteres en detrimento de los jubilados, quienes no solo no llegan a percibirlos, sino que mueren en su intento, a través de una maldicidad tal, que las demoras en años, los lleva a una muerte ante la ancianidad adquirida, lo cual constituye si las leyes fueran de derecho justo, crímenes de lesa humanidad, ya que los fondos de dichos aportes son de derecho absoluto de quienes han aportado para su vejez, y no para ser empleados en la discrecionalidad que opera el gobierno en tal sentido.
El caso de esta negación a derecho en un estado de derecho, es no solo una acción anti - constitucional, sino una actitud repudiable, ante las consecuencias que causa en quienes dicha desprotección los deja en un cuasi abandono de persona, por el estado, y los ignora como tal.

El regalo en el día de los jubilados, debe estar presente a futuro como una causal de lucha, para el logro de una justicia social, hoy negada en la Argentina, en una seudo república federal, mucho más comprometida como una oclocracia y diarquía a la vez, donde quienes nunca han aportado y extranjeros de países limitrófes son considerados y tenidos en cuenta en sus políticas de plebe, como un "clientelismo político" que pretende hacerlos fuertes en un descontrol de gestión, que la Argentina se ha adentrado, hasta un límite totalmente desbordado, vergonzoso y de final incierto y peligroso.

La Argentina ante estas aptitudes de gobierno, y ante la negativa de acatar las sentencias promulgadas por la Corte de Justicia, que propongo terminar este escrito como lectura intelectual a saber:La irritación se sumó también al tratamiento que la Corte Suprema de Justicia realiza de fallos judiciales vinculados con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que impiden su vigencia integral.



Por eso, ayer se terminaron de anunciar las marchas fomentadas desde la administración central: este martes 28 frente al Palacio de Tribunales, en un día en que la Corte celebra su reunión o acuerdo semanal y un acto el 8 de octubre, en Santa Cruz, con la presencia prometida de Néstor Kirchner y Daniel Peralta.



Tres especialistas manifestaron su postura y desacuerdos en los temas señalados. Aunque todos coincidieron en calificar de “conflictiva” la decisión de Peralta de directamente desobedecer el fallo, a tono con otros dichos oficiales de que “el fallo no se puede cumplir” o que “pusimos la Corte para otra cosa”, de acuerdo a los dichos sucesivos de Aníbal Fernández y Carlos Zannini.



Según el constitucionalista Daniel Sabsay, en la Argentina hay actualmente “un debilitamiento tan grande de la forma republicana y de la esencia de un estado de derecho que uno se pregunta si sigue viviendo en una República”, indicó.



El abogado criticó la gravedad que “implica desde un gobierno provincial o nacional jactarse de no cumplir un fallo de la Corte”. En diálogo con Clarín.com, expresó que “imagínese si el común de las personas hiciera lo mismo respecto de todos los fallos que dicta la Justicia”, en relación a la desobediencia a los fallos de la Justicia.



Sabsay, quien es abogado del procurador separado de su cargo, Eduardo Sosa, fustigó “la presión, con manifestaciones inducidas por el Gobierno, para reivindicar al Gobierno en contra de la Corte, cuando el Gobierno son los tres poderes” en un régimen democrático.



El constitucionalista aseguró no haber conocido “una embestida de este tipo en democracia” contra la Justicia. “Me da la impresión, con estos casos, que es tan grave la violación que pareciera que la Constitución que ya no rige más”, indicó el especialista.



Por su parte, el profesor de derecho constitucional Félix Loñ, calificó de “insólita, absurda e inconstitucional presión del Gobierno sobre la Corte Suprema” a las marchas preparadas y difundidas profusamente por el canal 7, que es oficial aunque su carácter es público.



Loñ explicó que “el artículo 109 de la Constitución Nacional prohíbe inmiscuirse en los asuntos judiciales” al Ejecutivo. Por eso, calificó de “una presión sobre la Corte” las actitudes oficiales respecto del caso Sosa y de la ley de Medios.



“Si esto no es presión, no sé cómo llamarlo. Una presión que afecta la libertad de presión”, señaló el abogado en diálogo con Clarín.com.

PUBLICADO EN EL DIARIO CLARÍN DEL 20/09/2010


Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de setiembre de 2010. BICENTENARIO